Resumen: La Sala, siguiendo precedentes anteriores, desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto frente a la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la Fase 2 del Plan para la Transición la una Nueva Normalidad.
Resumen: La Liga de Fútbol Profesional interpone recurso contencioso contra el Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades del juego. Se analizan, y desestiman, alegaciones referidas a defectos procedimentales, a la Memoria de impacto económico, a la aplicación a la ONCE, a informe de la Unión Europea. Se estima parcialmente, anulando los apartados 1 y 3 del artículo 13, al no apreciar cobertura legal alguna para establecer las limitaciones que contienen y que afectan a la esencia misma de la publicidad comercial, destinada a ofertar y promocionar el producto o servicio para captar nuevos clientes. Una prohibición general de estas características no permite limitar su alcance a un concreto tipo de promoción especialmente lesiva o dirigida a colectivos vulnerables por lo que tampoco puede considerarse una medida proporcional circunscrita a ofertas y practicas altamente adictivas y peligrosas para colectivos en situación de riesgo.
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación y revoca la sentencia apelada, desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el silencio desestimatorio de solicitud de paralización inmediata de la actividad. Entiende el Tribunal que no se está planteando en el recurso que la actividad de secado y pelado del lúpulo requiera de la correspondiente autorización ambiental.Habiendo desistido el aquí apelante de la prosecución del trámite de la licencia ambiental que por el mismo había sido interesada y habiéndose presentado la comunicación ambiental de inicio de la referida actividad junto con la documentación pertinente, no cabe entender que la misma no se encuentre bajo el amparo del régimen de legalización previsto normativamente, de lo que se infiere que no cabe acoger la solicitud de paralización inmediata de la actividad de pelado y secado de lúpulo que se viene realizando, cuya desestimación por silencio constituye el objeto del recurso contencioso administrativo y cuya sentencia es impugnada en el presente recurso de apelación y al acordarse en ella la citada paralización ha de ser revocada.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Ratifica condena por lesiones causadas por imprudencia profesional grave. El acusado, cirujano maxilofacial, programó una exodoncia a una paciente en la que se había apreciado una sinusitis de origen dental y el día de la operación extrajo a aquélla, por error, la pieza dental contigua a la que debía extraer. Es coherente con la lógica más elemental que cuando se trata de extraer una pieza dental, la misma debe estar correctamente identificada, tanto por el número que se le atribuye como por la morfología de la pieza. No es concebible ni aceptable la posibilidad de una confusión por parte de un especialista en la materia como era el acusado. El error no está en el diagnóstico o en el tratamiento a escoger, sino en la fase de ejecución resultando un atentado contra las mínimas normas exigibles a la lex artis de todo ortodoncista o médico maxilofacial la equivocación en la identificación de la pieza a tratar. Se trata de una actuación de extrema gravedad, que queda al margen del juego de factores imponderables e inaprehensibles por concurrencia de riesgos en su ejercicio de toda actividad médica que excluirían la responsabilidad penal. En el reproche de culpabilidad ha de considerarse no tanto el error como la dejación, el abandono, la negligencia o el descuido de la atención que la paciente requería. De oficio se aprecia una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas rebajando la duración de la multa y de la inhabilitación profesional.
